Exigen una comisión especial para el seguimiento de feminicidios y desapariciones de mujeres en México

Difusión Cencos México D.F., 25 de septiembre de 2012

Boletín de prensa
Activistas/ OSC de DH 

• Exigimos Comisión Especial para el seguimiento de los Feminicidios

Las organizaciones y personas firmantes exhortan a las y los diputados a proponer la creación de una Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y Desapariciones de Mujeres en México. De acuerdo a la información pública, hasta el momento no se ha considerado como prioridad la creación de una comisión de este tipo que atienda el creciente problema de la violencia feminicida.

Hoy en México la situación de violencia contra las mujeres es una emergencia:

• México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres en el plano mundial.
• La tasa de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio aumentó un 68% a nivel nacional de 2007 a 2009 (Informe Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios)
• 3,139 feminicidios se han registrado en 13 entidades del país, en los últimos 4 años, sin contar el estado de Chihuahua (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio)
• 3, 149 mujeres desaparecidas en tan sólo 9 estados de la República de acuerdo a las cifras de las Procuradurías, sus edades oscilan entre los 10 y 17 años de edad.

Ante este contexto y tomando en consideración las recientes recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el 2011 y ante la importancia de dar continuidad a los trabajos realizados por la Comisión Especial en la legislatura pasada, solicitamos la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y Desapariciones de Mujeres con la siguiente finalidad:

1. Agilizar la homologación y la tipificación del feminicidio con elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales.
2. Fiscalizar la estandarización de los protocolos de investigaciones criminales con perspectiva de género.
3. Lograr que se establezca en todas las Entidades de la República y a nivel Federal, un solo Modelo de Registro para feminicidios y/u homicidios en razón de género (Considerando a los estados que aún no contemplan el tipo penal de feminicidio) y para la desaparición de mujeres.
4. Establecer un procedimiento para el cumplimiento de sentencias internacionales, por parte del Estado Mexicano.
5. Evaluar de manera permanente los servicios de atención a la violencia en contra de las mujeres en las instituciones de salud, en las instancias de la mujer y en la procuración e impartición de justicia.
6. Fiscalizar la implementación de las políticas públicas establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Prevención.
7. Dar seguimiento a la Sentencia Campo Algodonero, en específico a la implementación de protocolos de investigación criminal, al Banco de Datos de ADN, así como a los mecanismos de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.

Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada

Firmas:

Julia Monárrez, Karla Micheel Salas, María Antonia Márquez, Teresa Inchaustegui, Alma Celia San Martín Cruz, Bertha Elena Munguía Gil, Elsa Patricia Hernández Hernández, Irma Alma Ochoa, Martha Figueroa Mier, Rosalba Robles Ortega.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio:

Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Chiapas: Red de Mujeres por la Igualdad, Desarrollo, Género, Ciudadanía; Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios"; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos "Victoria Diez"; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Mexico); Distrito Federal: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Arte contra el Feminicidio; Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: Centro de Derechos Humanos "Solidaridad Popular, A.C.; ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Centro Integral Jurídico Pro-Derechos; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Mujeres Organizadas Yaubani; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico Sinaloense, A.C.; Sonora: OCNF Sonora; Estado de México: Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Visión Mundial de México; Tabasco: Servicio, Paz y Justicia-México; Asociación Ecológica Santo Tomás; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Red Por sus Derechos Mujeres en Red.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República):

Agenda LGBT . Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. Casa del Migrante Saltillo A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C Centro de Derechos Humanos "Don Sergio" A.C. Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova". A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. Centro de Derechos Humanos, "Juan Gerardi", A. C. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", A. C. Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. Centro de Derechos Indígenas A. C. Centro de los Derechos del Migrante. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD). Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF). Centro de de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara). Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. Centro Juvenil Generando Dignidad A.C. Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos. Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Centro Mujeres A.C. Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", A. C. Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY A.C. Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. Comité Cerezo. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR). Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida. Comisión Parroquial de Derechos Humanos "Martín de Tours", A.C. Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas. Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C. Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. Comité de Derechos Humanos "Sierra Norte de Veracruz", AC. Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla. Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario. Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. Servicios de Inclusión Integral, A.C. Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C.

Organizaciones:

Asociación de Abogadas del estado de Morelos, A.C.; Asociación Nacional de Abogados Democráticos; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio AC; Comité Organizador de la Marcha por la Diversidad Sexual Morelos, Grupo Lesboss; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Convergencia 8 de Marzo, Juntos por Amor, A.C. (CD4); Equifonía AC; Red de profesores/as e investigadores/as en derechos humanos de México.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Carece México de parámetros para medir nivel de seguridad en aeropuertos: Diputada Damián Peralta

Notilegis/México, D.F.-

La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputada Esthela Damián Peralta, aseguró que en México se carece de parámetros para medir el nivel aceptable de seguridad en los 35 aeropuertos concesionados del país, según se desprende de la revisión de la Cuenta Pública 2010.

   Al respecto, indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en el periodo 2006‐2010 ocurrieron en total 25 accidentes; es decir, sucesos en los que se causa la muerte o lesiones a personas o daños estructurales, dentro de la infraestructura de las áreas operacionales de los aeropuertos concesionados, los cuales se incrementaron en 66.7 por ciento, al pasar de 3 en 2006, a 5 en 2010.

    Detalló que en los aeropuertos del Grupo Aeroportuario del Centro‐Norte (OMA), se registraron 12 accidentes, el 48.0 por ciento de los casos; ocho en el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el 32.0 por ciento; tres en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el 12.0 por ciento, y dos en el Grupo Aeropuertos del Sureste (ASUR), el 8.0 por ciento del total.

    Dijo que de los 25 accidentes que se presentaron, ocho de ellos, el 32.0 por ciento, fueron a causa de errores del piloto al no realizar las operaciones conforme al manual de vuelo; siete, el 28.0 por ciento, por errores de coordinación del personal de apoyo en tierra, y carencia de anclajes en las aeronaves una vez estacionadas en las plataformas.

   Mencionó que las fallas en las aeronaves ocasionaron cuatro accidentes, el 16.0% del total, por inadecuados trabajos de mantenimiento; dos más, el 8.0 por ciento, a causa de la supervisión inadecuada del piloto instructor; un accidente ocurrió por no proporcionar el adiestramiento requerido a la tripulación en vuelo; otro más por fatiga y distracción del piloto, por lo que no se cumplió con la normativa establecida en lo que respecta a tiempos máximos de jornada y vuelos diarios.

    Damián Peralta señaló que un caso tuvo que ver con errores de coordinación de los controladores aéreos, por proporcionar información ambigua referente a la posición del tren de aterrizaje del avión, y que en 2010 ocurrió un accidente a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

   En cuanto a los incidentes, es decir sucesos que afectan la seguridad de las operaciones sin llegar a ser un accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil señaló que en el periodo analizado, se reportaron 204 casos en los 35 aeropuertos concesionados.

    El AICM registró 110 incidentes, el 53.9 por ciento del total, el grupo OMA, ocupó el segundo lugar, con 41 reportes, el 20.1 por ciento; el GAP registró el 14.7 por ciento de esos eventos, con 30 asuntos, y en los aeropuertos de ASUR ocurrieron el 23, el 11.3 por ciento.

   "Por esto, la ASF recomendó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, defina e instrumente un parámetro a fin de medir el índice de accidentes e incidentes", concluyó.

COnsigna el MPF de la PGR en Puebla a persona por posesion y venta de cocaina

El Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República, en el estado de Puebla consignó ante el Juez Sexto de Distrito de la entidad a una persona, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de venta del estupefaciente denominado cocaína. 

La detención de esa persona se derivó del cumplimiento de la orden de cateo 380/12, para el domicilio ubicado en la calle 21 poniente, esquina con la 3ra Privada de la calle 15 Sur, en la colonia Llanos Santa María, municipio de San Pedro Cholula. 

Durante el registro del inmueble el indiciado fue aprehendido en posesión de ocho envoltorios con un gramo 800 miligramos de cocaína. 

Por lo anterior, el inculpado y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación quién al continuar con la integración de la averiguación previa AP/PGR/PUE/COE/0002/12, lo consignó ante el juez de la causa para los efectos legales correspondientes. 

El presunto responsable quedó interno el Centro de Reinserción Social del estado. 

Acusan de Extorsión al Médico de IMSS de San José para hacer trasplante de organo

Una mujer señaló que le pidió 500 mil pesos para hacer un trasplante de riñón a su hijo; pero no cumplió lo acordado

por ODILÓN LARIOS NAVA

9.08.2012 - 06:36 hrs

Un médico que forma parte del Comité de Trasplantes de Órgano del estado de Puebla, es señalado de haber solicitado 500 mil pesos a una mujer a cambio de conseguir un riñón para su hijo de 19 años, quien sufre de insuficiencia renal desde hace ocho años. El médico, de acuerdo con la declaración de la afectada, se habría comprometido a comprometido a conseguir el riñón a cambio de la cantidad de dinero señalada, la cual la mujer podría entregar en dos pagos, 250 mil antes de la operación y el resto una vez realizada la misma, pero el galeno no habría cumplido lo acordado.

El médico en cuestión, según consta en la averiguación previa 4546/2012 de la delegación Oriente, responde al nombre de Rubén Landini Maldonado, quien ejerce sus labores en el Hospital Regional de San José, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mujer señala en su declaración que en el mes de agosto del 2009, al llegar a la consulta periódica de su hijo de nombre Brandon Apolonio Laguna Vázquez, tocó que los atendiera Landini Maldonado, y éste explicó a la progenitora del paciente, que con 500 mil pesos podría conseguir un riñón y operar a Brandon pese a que no fuera su turno en la lista de personas en espera de un órgano en donación.

La mujer habría explicado que ante la propuesta del galeno, vendió algunas de sus propiedades e incluso pidió dinero prestado, semanas después dice haberse comunicado con Rubén Landini, diciéndole que ya tenía el dinero, por lo que él pidió se vieran de inmediato. El lugar donde se dice que el médico habría recibido 250 mil pesos – la primera parte de la cantidad total – es en una fonda de comida corrida que se encuentra en las inmediaciones del Hospital de San José.

La declaración de la mujer señala: "Mi hijo fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica por lo que – desde los 11 años – es sometido a tratamientos rigurosos, y en el hospital del seguro social fue atendido por diferentes médicos, y llegó a tocar consulta con el médico de nombre Rubén Landini Maldonado, quien con fecha 3 de enero del año 2011, le tocó, consulta a mi hijo con dicho médico".

Y continúa: "Y en dicha consulta el médico Rubén Landini Maldonado me dijo que había una posibilidad de trasplante de riñón a mi hijo por la cantidad de 500 mil pesos, los cuales me dijo que se los podía pagar en dos partes…" así es como la mujer reunió los primeros 250 mil pesos que asegura entregó al médico en cuestión, con la esperanza de poder curar a su hijo Brandon.

Para juntar los primeros 250 mil pesos la mujer dijo que tuvo que vender un terreno e incluso su pantalla de plasma y pedir 50 mil pesos más prestados. Asegura que al momento de entregar el dinero al galeno tuvo testigos que la acompañaron. Sin embargo el médico una vez con el dinero, comenzó a esconderse de la mujer, a tal punto de que dijo que le devolvería el dinero.

Luego le pidió "ciento treinta mil pesos más", y dijo se comprometía a que en una semana su hijo iba a ser operado, pero la mujer ya no confió en él y de esta manera le pidió le regresara el dinero. Sin embargo el médico continuó dándole pretextos, por lo que la mujer acudió a presentar la que ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CESAMED) Puebla, donde interpuso su queja en el acta 323/2012/P218.

Posteriormente acudió a la delegación a presentar la denuncia correspondiente que quedó asentada en la averiguación previa 4556/2012 de la delegación Oriente. De esta manera la mujer exige a las autoridades de procuración de justicia y del IMSS en el estado, se dé solución a su caso.

© Cinco Radio

Clausuran hotel "La Terminal" de Apizaco por trata de personas

Fueron detenidas seis sexoservidoras, dos encargados, dos trabajadores y un testigo presencial que se encontraban en el lugar de los hechos

Milenio Tlaxcala
Tras constatar que el hotel “La Terminal”, ubicado a un costado de la central de autobuses de Apizaco, incurría en el delito de trata de personas, y que además no contaba con medidas de seguridad y sanitarias, fue suspendido por la PGJE de sus funciones durante el operativo interinstitucional que se ejecutó la tarde de este miércoles.
   Dentro del inmueble fueron encontradas a seis sexoservidoras que en conjunto con dos encargados del lugar, dos trabajadores y un testigo presencial, fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público a fin de que rindan su declaración respecto al ilícito que se investiga.
   Por su parte, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), colocó los sellos de suspensión, por encontrar fauna nociva en el área de bodega, violó la Ley de Protección para los No Fumadores vigente en el Estado, y diversas irregularidades sanitarias.

Aumentar recursos a estados y municipios para que enfrenten delitos de fuero común

• El diputado Ovando Patrón afirmó que robos, homicidios, violaciones y secuestros crecieron en 21 por ciento

Boletín/México, D.F.-
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón, impulsa una iniciativa para dotar a las entidades y municipios de mayores recursos en materia de seguridad, cuando los ingresos federales tengan importantes excedentes, a fin de hacer frente a los delitos del fuero común como los robos, homicidios, violaciones y secuestros.
   Enfatizó que los delitos del fuero común representan el 93 por ciento de los que se cometen en el país. Según estadísticas de la Procuraduría General de la República, de 2000 a 2009, estos delitos crecieron en un 21 por ciento, siendo víctimas el 15 por ciento de cada 100 mil habitantes.
   Del total del presupuesto destinado a seguridad pública, precisó el diputado, los estados y municipios reciben tres de cada 10 pesos, es decir casi 15 mil millones de pesos (tan sólo del presupuesto en seguridad pública, no incluyendo defensa y marina).
   Refirió que el presupuesto para 2011 otorgó 115 mil 826.5 millones de pesos en materia de seguridad pública (incluyendo el presupuesto de las secretarías de Defensa y de Marina), equivalente a un aumento del 7.2 por ciento en términos reales, respecto al de 2010.
   “Aún con el incremento registrado durante los últimos años en el rubro de seguridad, en 2010 el gasto en la materia apenas representó el 0.8 por ciento del PIB, por debajo de la media que gastan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que para 2009 representó el 1.6 por ciento del PIB”, subrayó.
   Por lo que, el Estado tendría que destinarle aproximadamente 130 mil millones de pesos al ramo correspondiente para poder alcanzar el promedio de la OCDE. Es decir 13 mil millones de pesos más, agregó.
   Ovando Patrón mencionó que de acuerdo con la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación de 2003 a 2009 se obtuvieron ingresos excedentes por 1.3 billones de pesos. Monto que equivale al 40 por ciento de los recursos que gastara el sector público durante todo 2011.
   El análisis de los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública al segundo trimestre de 2011, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, reporta que en el primer trimestre del presente año ingresaron de manera excedente 1,523,482.20 millones de pesos, añadió.
   Destacó que si bien los ingresos extraordinarios en la actualidad no han tenido grandes incrementos y, por el contrario, tienen tendencia a disminuir, es importante considerarlos debido a que las fluctuaciones económicas varían y en algunos periodos pueden significar ingresos considerables, que si se utilizan de manera correcta pueden contribuir al desarrollo de alguna de las funciones del Estado.
   Por ello, la iniciativa que analiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propone reformar el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que de los excedentes de ingresos que resulten se destine el cinco por ciento a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de seguridad pública de los estados y municipios establecidos en el presupuesto.
   “De esta manera se podrían aplicar los recursos adicionales en tareas que fortalezcan la labor de los estados y municipios en la materia”, puntualizó.

Aprueban en comisión la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones

• Incorpora la figura de “juez ejecutor de sentencias”

Boletín/México,D.F.-

La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones para establecer un nuevo diseño de sistema penitenciario, que plantea el respeto irrestricto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles y aplica el principio constitucional de presunción de inocencia.

   El presidente de este órgano legislativo, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que con este nuevo ordenamiento se establece un sistema de clasificación de internos, para distinguir entre procesados y sentenciados.

   Abundó que actualmente existen 223 mil internos en todo el país, “el 60 por ciento son procesados y el 40 son sentenciados. Hay un enorme problema de corrupción que debemos atender; primero, con penales adecuados, porque hay sobrepoblación, entonces cualquier programa a implementar será un fracaso”.

   Agregó que se ha detectado que en cada uno de los 429 penales del país se deben poner antenas inhibitorias para llamadas de teléfonos celulares; “solamente hay 17 en el país, y se ha descubierto que de las seis mil llamadas diarias por extorsión telefónica, el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios”.

   “Sabemos que a pesar de que no están permitidos los celulares en los reclusorios existe una enorme corrupción dentro de ellos; entonces, esta nueva ley viene a terminar con este fenómeno, viene a establecer un sistema de clasificación de internos y crea una figura importante, como es la del juez ejecutor de sentencias”, aseveró.

   El legislador detalló que al tener una sola autoridad como es el juez ejecutor de sentencias, éste verá la duración de la pena y dará los trámites correspondientes a los reclusos.

   Benítez Treviño afirmó que en la nueva ley se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector.

   También, continuó, se propone existan penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada, “hoy todos están revueltos, por eso está colapsando el sistema”.

   Señaló que anteriormente “presenté un punto de acuerdo exigiéndole al Gobierno Federal que estableciera un centro de alta peligrosidad en las Islas Marías; allá hay capacidad para seis mil internos y actualmente se tiene cinco mil 400; es viable”.

   El legislador añadió que este nuevo ordenamiento “reglamentario del artículo 18 Constitucional tienen cuatro ejes rectores de la reinserción social: la educación, el trabajo, la salud y el deporte; en él se establecen derechos pero también delimitaciones para los procesados y los sentenciados”.

Recluta el narcotráfico a jóvenes de entre 17 y 25 años: diputado Lozano Herrera

• Necesario, impulsar ley de juventud

• Inauguran foro “La Juventud a Debate”

Boletín/México, D.F.-

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (PRD) advirtió que los jóvenes de entre 17 y 25 años, principalmente de provincia, están siendo reclutados por el narcotráfico, por lo que urgió a impulsar la Ley de Juventud para darles alternativas.

   Al inaugurar el foro “La Juventud a Debate”, el legislador afirmó que el promedio de vida de los jóvenes dentro del narcotráfico es de 5 años, antes de que sean capturados o fallezcan en la actividad ilícita.

   “Que este foro sea una reflexión profunda; es una obligación de los jóvenes en la política cambiar las prácticas. Debemos construir una agenda legislativa e impulsar una ley de jóvenes”.

   Lamentó la situación de desempleo juvenil que persiste en el país, ya que este sector de la sociedad representa un tercio de la población total de México.

   Asimismo, afirmó que la Comisión Nacional de la Juventud y Deporte se ha enfocado en la promoción de la actividad física y dejado de lado los programas de juventud.

   Por su parte, la diputada Lizbeth García Coronado (PRD) resaltó la importancia de la participación de jóvenes en la elaboración de las políticas públicas para lograr una mayor atención del sector.

   “Nos interesa su participación y la aportación de sus ideas, es un paso importante, y construir con todos ustedes, desde la Cámara de Diputados, universidades y con jóvenes”.

   El foro, que durará los días 23 y 24 de febrero, tiene como objetivo fomentar la participación de los jóvenes en el debate de temas económicos, políticos, sociales y culturales con el fin de fortalecer el proceso democrático en la formación juvenil.

   Al final se retomarán las conclusiones del evento para la elaboración de un documento con las propuestas de diseño de las políticas públicas.

La PGR detiene a defensora de derechos humanos en Santa María Xadani, Oaxaca

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2012

Acción Urgente
ProDESC

El 22 de febrero de 2012, a las 15:30 de la tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez en el municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Hasta el momento se desconoce su paradero y los cargos en su contra. La Sra. Cruz Velázquez goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca desde el 14 de noviembre de 2011.

En el momento de su detención la defensora estaba acompañada por la abogada Maribel González Pedro. En ningún momento la PGR les permitió leer la orden de aprensión así que se desconocen los motivos de la detención. Hasta el momento no ha sido posible confirmar que la Sra. Cruz Velázquez haya sido presentada ante las autoridades federales competentes, por lo que se teme por su seguridad e integridad física.

La Sra. Cruz Velázquez es una reconocida defensora del derecho a la tierra y al territorio y co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio. La Asamblea ha acompañado a una serie de campañas para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellas la organización comunitaria de los pueblos zapotecos e ikoots en resistencia a los proyectos eólicos de la región y al pueblo zapoteco de Xadani en contra de la alza de las tarifas eléctricas impuestas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Sra. González Pedro es también integrante de la Asamblea.

No es la primera vez que la PGR detiene a un integrante de la Asamblea. El 12 de abril de 2011, el dirigente del movimiento contra las altas tarifas, el Sr. Filiberto Vicente Aquino fue detenido en Xadani y trasladado a las instalaciones de la PGR en Salina Cruz, Oaxaca. Gracias a la movilización popular fue liberado al día siguiente. Al Sr. Vicente Aquino se le acusó falsamente del robo de energía eléctrica.

La detención de la defensora Sra. Cruz Velázquez hace evidente la criminalización de la labor de las defensoras de derechos humanos y la ausencia de seguridades para las mujeres defensoras para ejercer su labor en un ambiente libre de violencia.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

La presentación y liberación inmediata e incondicional de la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez;

Que se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física tanto de Lucila Bettina Cruz Velázquez como de Maribel González Pedro y demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, INMEDIATAMENTE A:

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Email: secretario@segob.gob.mx

Dr. Raúl Plascencia Villanueva Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio "Héctor Fix Zamudio", Blvd. Adolfo
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F. Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00
correo@cndh.org.mx

Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500
México
Fax: +52 555 346 0908 (insistan)
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx

Lic. Omeheira López Reyna, Unidad para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
SEGOB. Tel: +52 5551280000 Ext: 11875 o +52
5557287400 romeheira@segob.gob.mx

Contacto:

--
Valeria Scorza
ProDESC
Zamora 169, B2 Col. Condesa
Mexico, D.F.
+5552122230 /5212-2229

CIDH deplora muertes violentas en cárcel de México

Difusión Cencos México D.F.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la muerte violenta de 44 reclusos del Centro Penal de Apodaca, estado de Nuevo León, México. La CIDH insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con información oficial, el 20 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 internos del Penal de Apodaca con armas punzo cortantes y otros objetos contundentes en una riña; en forma simultánea, otros 30 reclusos se fugaron del mismo penal. La información recibida indica que las personas fallecidas estaban recluidas en el ambulatorio y fueron atacados por internos de otro pabellón.

Asimismo, la CIDH recibió información según la cual el 4 de enero de 2012 hubo una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, estado de Tamaulipas, en la cual más de 30 internos fueron asesinados y otros 13 resultaron heridos con armas blancas. La riña se habría iniciado cuando internos del módulo 11 irrumpieron en el módulo 12 del centro penitenciario.

La CIDH reitera que los Estados, como garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los reclusos. En este sentido, los Estados tienen el deber fundamental de asegurar el control y la seguridad interna de las cárceles y no pueden de ninguna manera renunciar a este deber inherente. El debido control por parte de las autoridades del orden interno en las cárceles es el presupuesto esencial para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Asimismo, los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran haber tenido algún grado de responsabilidad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

22 de febrero de 2012
Washington, D.C.

Aprueba Comisión de Justicia dictamen que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes

Notilegis/México, D.F.-
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Federal de Defensoría Pública.
   El diputado Benítez Treviño indicó que la ley establece que el proceso para adolescentes que cometen delitos debe ser sujetos a una legislación especial, jueces especializados, agentes de ministerio públicos especializados, defensores públicos especializados, instalaciones especializadas para los menores que están mezclados con los adultos.
   Además, señala que los adolescentes deben estar separados de los presos adultos, lo que no ocurre en muchos de los penales del país, por ello se precisa la existencia de establecimientos especializados, las separación de las mujeres de los hombres, así como separar a los reos que están en proceso penal de los que ya tiene sentencia condenatoria, esto en relación al principio de presunción de inocencia.
   “Los jóvenes que cometen delitos y entran a un centro penitenciario por robar una bicicleta y salen convertidos en lideres de bandas de la delincuencia. No estamos privilegiando a los delincuentes menores, estamos ubicándolos en el contexto”, señaló.
   Comentó que no se está dando un trato especial a los menores de edad que cometen un delito, ya que va de acuerdo a los ordenamientos nacionales que protegen al niño y recoge de manera integral todas las disposiciones internacionales de la niñez.

Persiste conflicto en Ayotzinapa; Urgen normalistas a iniciar interlocución a través de comisión civil

Difusión Cencos México D.F.

El día de hoy, 9 de febrero de 2012, fueron reiniciadas parcialmente las clases en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, a partir de la exigencia de los estudiantes de continuar con las actividades académicas, suspendidas desde noviembre de 2011 por el paro unilateral decretado por la planta docente y  de la escuela. En ese marco, sin la autorización de la base estudiantil y sin haberse reunido con los estudiantes, el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, nuevamente emitió declaraciones irresponsables sobre la presunta culminación del conflicto.

Para los estudiantes de Ayotzinapa, el reinicio de las clases es tan solo el cumplimiento de lo que constituye un derecho de los normalistas, cuyo ejercicio se suspendió injustificadamente. En este sentido, no es una concesión del gobierno estatal sino el acatamiento de una obligación. 

Por otro lado, lo ocurrido los últimos días en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos demuestra que el conflicto permanece vivo y que es urgente y necesaria la instalación de las mesas de trabajo con la Comisión Civil propuesta por los estudiantes que formalice los términos en que se reiniciarán las actividades académicas, el nuevo ingreso y otros puntos del pliego petitorio. Lamentamos que los trabajadores académicos y administrativos de la normal privilegien sus intereses gremiales y personales dejando en un segundo plano la formación de los estudiantes, actitudes que motivaron el surgimiento del conflicto que devino en la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros el 12 de diciembre. La insistencia del personal docente y administrativo en designar a un Director impugnado por los estudiantes; la ausencia de una revisión integral del plan de estudios; y el reinicio de las clases con un programa de regularización improvisado y sin calidad académica, muestran que el conflicto educativo permanece vigente.

Por ejemplo el día de hoy solo iniciaron labores los trabajadores docentes, mientras los administrativos se niegan a ello y se mantienen realizando actividades ajenas a su labor que por norma les corresponde. Esto también se evidencia en virtud de que permanecen irresueltos numerosos temas de nuestro pliego petitorio, como el lanzamiento de la convocatoria para el próximo año escolar.

Es por ello que de nueva cuenta anunciamos que, en lo tocante a los aspectos educativos del conflicto, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos plantearemos nuestras exigencias directamente al Gobernador del estado a través de una Comisión Civil de Interlocución, al no ser viable para nosotros sentarnos con un gobierno represor, sin renunciar a nuestra demanda central de que haya justicia por la ejecución extrajudicial de nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

En ese sentido, exigimos una respuesta inmediata a nuestro emplazamiento y llamamos a las autoridades del Estado de Guerrero a que cesen las irresponsables declaraciones de funcionarios como Marcial Rodríguez Saldaña, a quien desconocemos como interlocutor, que no contribuyen a atender el conflicto y sólo generan confusión en la opinión pública.

Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos reiteramos que el reinicio (aunque sea parcial) de las clases es nuestro derecho y no implica en ningún modo la resolución del conflicto detonado por la grave violación contra nuestros derechos cometida el 12 de diciembre de 2011. Por ello, nuevamente urgimos a que se responda formalmente al emplazamiento que lanzamos para que toda interlocución sobre el conflicto educativo se realice a través de la Comisión Civil designada por nosotros para ese efecto.    

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Para entrevistas comunicarse con Pablo Juárez, Vocero del Comité Estudiantil de Ayotzinapa al celular: 045 754 103 08 06

Para mayor información:

Román Hernández
Área de Comunicación Tlachinollan
Tel:  01 (757) 476 37 04- 476 12 20
Fax: 01 (757) 476 1200
Celular: (045) 757 106 6095
Skype: tlachinollan
Correo: tlachinollan.difusion@gmail.com, cdhm@tlachinollan.org
Facebook: Tlachinollan-Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Twitter:@tlachinollan www.tlachinollan.org

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibildad de Cencos

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Retienen al presidente estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Reforma/Tlaxcala, Tlax.-
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil retuvieron hoy al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcoatl Antonio, para exigirle la reinstalación de un abogado en la visitaduría del Municipio de Tlaxco.
Encabezados por Iluzka Mejorada Palacios, presidenta de la organización Madres Solteras Tlaxcaltecas A.C., un grupo de al menos 15 personas arribó a la oficina para hablar con Mixcoatl Antonio.
El Ombudsman de Tlaxcala los recibió en su oficina, donde con gritos y manotazos le exigieron que reinstale en la visitaduría de Tlaxco, al abogado Joel Bernardino Ramírez Arroyo.
La explicación que recibieron, fue que no es posible su demanda, en virtud de que el litigante renunció a su cargo y ya está en proceso de liquidación.
Como la respuesta no fue favorable para los quejosos, éstos impidieron que Mixcoatl Antonio saliera de su oficina y ahí lo retuvieron.
"Aquí te quedas, aquí te quedas hasta que resuelvas esto", le gritaba uno de los quejosos entre manoteos y a punto de llegar a los golpes.
Incluso, Mejorada Palacios sacó un escrito y exigió al Ombudsman que lo firmara en calidad de renuncia a la Presidencia del organismo defensor de los derechos humanos, ya que a su decir incumple con el perfil para ocupar el cargo.
Tras más de cuatro horas de discusión y de la negativa del Ombudsman por reinstalar a Ramírez Arroyo, fue necesario el auxilio de la fuerza pública.
A la CEDH llegaron por lo menos 30 elementos de la Policía Estatal, quienes apoyaron a Mixcoatl Antonio para salir de la sede de la institución.
Los quejosos no quedaron conformes y advirtieron con regresar y continuar sus protestas hasta lograr la reinstalación del abogado al que defienden.
Y es que aseguraron que en la visitaduría de Tlaxco, Municipio del norte de Tlaxcala, se registran varias irregularidades como la parálisis de los casos de quienes han presentado quejas por violaciones a sus derechos humanos.
Manifestaron que el personal ahora responsable de esa visitaduría, nunca se encuentra en su lugar de trabajo, así sea horario laboral.
De ahí que exigieron que regrese el antiguo personal, de quien aseguraron, si recibían la atención correcta, en tiempo y forma.

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La SCJN ordena a la PGR entregar expediente del caso del Sr. Radilla Pacheco

La SCJN ordena a la PGR entregar expediente del caso del Sr. Radilla Pacheco; resuelve amparo interpuesto en octubre de 2009
Las averiguaciones previas relacionadas con hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos no son reservadas: SCJN


Boletín de prensa

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor de Tita Radilla el amparo 168/201, con lo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) la entrega del expediente del caso de la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco.

   La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (AFADEM) celebran la sentencia de la Primera Sala de la SCJN, la cual sienta un precedente histórico en materia de transparencia relacionada con la defensa de los derechos humanos, pues el Máximo Tribunal determinó que las averiguaciones previas relacionadas con hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos no son reservadas, como ocurre con la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla por parte de elementos del Ejército Mexicano en 1974 en el marco de la "guerra sucia", la cual se llevó a cabo en un contexto de desapariciones forzadas masivas ejecutadas por agentes del Estado mexicano, en términos de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso dictada el 23 de noviembre de 2009.

  "El artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental debe ser interpretado en el sentido de que las averiguaciones previas sobre hechos que puedan constituir graves violaciones a derechos humanos, no se encuentran reservadas, razón por la cual son información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 constitucional", señala la SCJN.

   Con este argumento, la Suprema Corte determinó que la PGR está obligada a entregar las copias certificadas de la averiguación previa del caso Rosendo Radilla Pacheco a la señora Tita Radilla Martínez, según lo señala la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

   Cabe destacar que la PGR siempre se había negado a entregar las copias de la averiguación previa no sólo a la señora Tita Radilla sino inclusive a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

   La sentencia de la Suprema Corte es acorde con lo ordenado por la Corte Interamericana en la sentencia del caso, en el sentido de que el Estado mexicano está obligado a entregar las copias de la averiguación previa, así como por lo resuelto por el propio Tribunal Constitucional de nuestro país en la Consulta a Trámite del expediente Varios 912/2010, en la que el Pleno determinó la forma como el Poder Judicial de la Federación debía cumplir con la Sentencia del caso Radilla dictada por el Tribunal Interamericano.

   El 4 de marzo de 2009, el Pleno del IFAI emitió una resolución en la que obliga a la PGR a entregar a la CMDPDH, copias de la versión pública de dicha averiguación previa, por considerarla vinculada a la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad. En dicha resolución, el IFAI obligó a la PGR a cumplir la solicitud en un plazo de 10 días. A casi seis meses de su emisión, la PGR no ha acatado con lo establecido por el IFAI.

   La CMDPDH, con la ayuda de Luis Miguel Cano y Graciela Rodríguez, especialistas en litigio en defensa de derechos humanos, promovieron un juicio de amparo en contra de la negativa de la PGR a entregar las copias de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, relativa a la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla Pacheco y otras 121 desapariciones cometidas por integrantes del ejército mexicano dentro del período de julio a octubre de 1974 en el marco de la "guerra sucia", en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y en contra del supuesto juicio de nulidad interpuesto por la PGR para retrasar el cumplimiento de la resolución del IFAI que le ordena hacer pública esa información.

En Baja California amenazan de muerte contra el hermano de un testigo de homicidio

Difusión Cencos México D.F.-

El hermano de un testigo de una presunta ejecución extrajudicial cometida en la población de Puerto de San Felipe, en el estado de Baja California (norte de México), ha recibido una amenaza de muerte. Él y la familia de otro testigo, así como la familia de la víctima del homicidio, corren grave peligro.   

   El 13 de noviembre, fue entregada una nota en el domicilio de Alonso Ruíz Lara. En ella, alguien había dibujado tres cruces. En una figuraba el nombre de Guillermo Audelo Murrieta, asesinado el 20 de agosto de 2011, y en otra, el de Jesús Manuel Moreno, que murió el 13 de noviembre de 2011. En la tercera cruz estaba escrito el nombre de Alonso Ruíz Lara. Según la familia, después de que un soldado acosara sexualmente a la esposa de Guillermo Audelo, comenzó una campaña de hostigamiento, aparentemente instigada por miembros de la XIX Compañía de Infantería No Encuadrada del ejército mexicano, con base en San Felipe. La familia de Guillermo Audelo ha presentado una denuncia formal. No se ha adoptado aún ninguna medida para protegerles. Jesús Manuel Moreno, cuyo nombre estaba incluido en la amenaza de muerte, era el hermano de la esposa de Guillermo Audelo. Murió tras un incendio en su casa. Amnistía Internacional no tiene más información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

   El 20 de agosto, Guillermo Audelo estaba en un hotel con dos amigos, Julio César Ruíz Lara y Lorenzo Antonio Ruíz Lara (hermanos de Alonso Ruíz Lara). Unos soldados asaltaron su habitación y mataron a Guillermo Audelo Murrieta. Aún no se han esclarecido los detalles de su muerte, que investigan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una autoridad militar. Los otros dos hombres fueron detenidos durante el asalto. Ambos han afirmado que Guillermo Audelo fue torturado y después ejecutado extrajudicialmente, y que a ellos los torturaron y les amenazaron de muerte si mencionaban lo que le había sucedido a Guillermo. Los hombres están actualmente detenidos, acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Ambos han presentado una queja oficial por el trato que recibieron. Al parecer, la amenaza de muerte contra Alonso Ruíz Lara es un intento de impedir que su familia y la de Guillermo Audelo Murrieta testifiquen contra personal militar o sigan adelante con su denuncia de hostigamiento.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

   Pidiendo a las autoridades que garanticen que Alonso Ruíz Lara, su familia y la familia de Guillermo Audelo Murrieta reciben toda la protección necesaria, de acuerdo con sus deseos;

   Pidiendo una investigación sobre la amenaza de muerte, así como garantías de que estos hombres y sus familias no son objeto de amenazas de muerte y enjuiciamientos maliciosos o infundados como represalia por sus denuncias contra oficiales del ejército;

Pidiendo una investigación completa, imparcial y sin dilación a cargo de las autoridades civiles sobre la aparente constante de hostigamiento y malos tratos y amenazas contra miembros de las familias Audelo Murrieta y Ruíz Lara, incluido el esclarecimiento del homicidio de Guillermo Audelo Murrieta y de las presuntas torturas de familiares suyos; que los resultados se hagan públicos y que los responsables comparezcan ante la justicia.

Las cabanas en cárceles generan 100 mil pesos a reos y custodios

Reforma Móvil

El uso de "cabañas" en las cárceles capitalinas en las áreas de visita familiar no ha podido ser erradicado ante la posibilidad de que los reos se inconformen y se amotinen.

Éste es uno de los argumentos que dio la Subsecretaría de Sistema Penitenciario a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ante la existencia de estas carpas improvisadas con cobijas viejas en las que los internos reciben a sus familiares y parejas para sostener relaciones sexuales, informó Montserrat Rizo, directora de Seguimiento del organismo local.

Mientras tanto, dijo, las problemáticas que derivan de la instalación de estos espacios persisten.

Tan sólo en el Reclusorio Norte, de acuerdo con un informe de la CDHDF, existen 390 "cabañas", que según reos y custodios consultados, son rentadas entre 50 y 70 pesos a la población penitenciaria durante los días de visita.

Semanalmente, estos espacios generan ganancias de alrededor de 100 mil pesos, de ser rentados todos en los cuatro días de visita.

Según los reos, los internos que están a cargo de este negocio deben pagar una concesión de hasta 10 mil pesos anuales, así como cuotas mensuales a personal de seguridad.

El costo de las "cabañas" varía según los servicios que tenga, ya que algunas son consideradas VIP, pues tienen DVD, televisión, grabadora, entre otros objetos.

En enero pasado, REFORMA publicó que estos espacios se habían quitado luego de que supuestamente un reo fuera violado al interior de uno de estos lugares; sin embargo, esto no se cumplió, ya que según funcionarios las "cabañas" generan altas cantidades de dinero entre la población.

Además, sirven para tener visitas íntimas de manera clandestina y para depositar la droga que ingresan los visitantes entre sus prendas para no ser descubiertos.

Rizo señaló que en las "cabañas" se dan prácticas como la visita íntima y familiar, así como cobros indebidos, por lo que no son espacios adecuados para la población penitenciaria.

"Aun cuando la autoridad penitenciaria nos ha dicho que está por terminarse nosotros hemos observado que sigue."Se cometen cobro indebido, privilegios, condiciones no aptas para la convivencia porque están en una colchoneta, con cobijas como de techo, no son condiciones para que lleven ahí su visita íntima, familiar, de ninguna manera", dijo Rizo.

Asimismo, informó que la institución penitenciaria aseguró que estas instalaciones se quitarían paulatinamente.

"Informaron que se habían quitado e inmediatamente nosotros fuimos a hacer una revisión, han disminuido, pero no se ha erradicado. En la última información que nos dieron nos dijeron que era un trabajo de concientización con los internos porque sabes que eso implica también un ingreso (económico para reos), quien las instala.

"Algunos tienen televisión, radio, video, todo, eso implica otra cuestión que pudiera generar inconformidad de los propios internos y pudiera derivar en algún tipo de motín", dijo.

Mixcoatl Antonio como presidente de la CEDH de Tlaxcala

Reforma Móvil

El Congreso local nombró a Francisco Mixcoatl Antonio como el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Con este nombramiento, el nuevo Ombudsman de Tlaxcala suma cuatro ocasiones de beneficios otorgados por la Cámara de Diputados local, toda vez que ya ocupó el cargo de director del Instituto de Estudios Legislativos en las legislaturas 57 y 58, además de que también fue el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax).
Tras tomar protesta como nuevo presidente de la CEDH, Mixcoatl Antonio, indicó que su prioridad será prevenir, erradicar y sancionar prácticas de represión que últimamente han sido denunciadas en contra del Gobierno local que encabeza el priista Mariano González Zarur.
Un caso específico, fue la detención por parte de la Policía Federal y por órdenes de González Zarur, de 90 policías estatales que hace unos meses se declararon en paro laboral para exigir mejores salarios.
Sin embargo, terminaron en la cárcel y con un procedimiento legal por el delito de coalición de funcionarios públicos, lo que redundó en una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que tendrá que ser apoyada por el mismo organismo a nivel local.
En este sentido, el Ombudsman de Tlaxcala aseguró que todos los expedientes y quejas tendrán el curso necesario para dar una solución, aún en contra de la actual Administración pública del Estado.
"Vamos a estudiar cada uno de los expedientes y todo se tendrá que hacer conforme a la propia ley", expresó.
Según él, la CEDH actuará de manera transparente y con imparcialidad, conducida por un consejo honorífico integrado por Alán Hernández Sánchez, Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán Cuautle y Fernando George Zecua hicieron lo propio como consejeros.
El presidente del organismo defensor de los derechos humanos fue electo después de aprobar una evaluación en la que participaron al menos cuatro personas aspirantes al cargo de presidente.
Aunque algunos legisladores, como Jorge García Luna, acusaron que su nombramiento fue resultado de negociaciones en las que los diputados se repartieron las diversas carteras que integran la CEDH.
Enviado por Proyectocinco.com a través de BlackBerry de movistar

Investigara Congreso de la Union el patrimonio de Jueces

Reforma Móvil

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó una solicitud para que la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda verifique el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial.

   El punto de acuerdo sostiene que es urgente que se trabaje en coordinación con el Congreso para que tengan esa información y se eviten casos como el del Juez Álvaro Tovilla León, en el que su secretario tenía cuentas por hasta 342 millones de pesos.

   "La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia", dice el acuerdo.

   El senador perredista Pablo Gómez subió a tribuna para decir que ante la falta de transparencia en las propiedades y otras pertenencias que tienen los jueces y magistrados urge que se haga una investigación al respecto.

   Dijo que se tenía que ser claros pues es bien sabida la corrupción que existe en el Poder Judicial y se tiene que ver a quiénes se están beneficiando.

CNDH investiga detención de Policías de Tlaxcala

Reforma Móvil

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga si hubo violaciones a las garantías de los 90 policías municipales que fueron detenidos por federales el 24 de junio cuando se encontraban en plantón en demanda de un aumento de salario.

   La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luz María Vázquez Ávila, indicó que el organismo nacional les solicitó todos los documentos que tengan sobre la captura de los agentes, quienes ya se encuentran libres tras pagar una fianza.

   En este sentido, dijo que sólo tienen actas de observadores que acudieron a la Procuraduría local en el momento en que los agentes rendían su declaración ministerial.

   "Los policías refieren que fueron detenidos arbitrariamente, que estaban en sus vehículos y que hasta los elementos de la Policía Federal rompieron los parabrisas para sacarlos (...) entonces estamos en estamos disposición de mandar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos esas actas que levantamos en la Procuraduría del Estado", explicó.

   La CNDH, añadió, recibió la queja de lo que sucedió en Tlaxcala con los policías y será a través de un proceso de investigación como se determine si hubo violación a sus derechos por parte del Gobierno federal.

CNDH recibio de enero del 2009 a noviembre del 2010 recibió 93 quejas de descrimacion contra homosexuales

La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) informó que de enero del 2009 a noviembre del 2010 recibió 93 quejas en contra de autoridades que presuntamente discriminaron a personas con preferencias hacia su mismo sexo.

La Cuarta Visitadora, Guadalupe Cabrera, indicó que de estas quejas alrededor del 20 por ciento se resolvieron durante el trámite iniciado, mientras que el resto de ellas continúan en investigación.

En conferencia de prensa, la visitadora detalló que gran parte de los expedientes se refieren a violaciones a derechos humanos cometidas a homosexuales que se encuentran presos en las cárceles capitalinas.

"El mayor número de quejas está centrado en las condiciones de reclusión y vinculados por un contexto de discriminación o afectación a otra serie de derechos por pertenecer a la comunidad", dijo en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia.

También señaló que una de las constantes causas de discriminación es la negativa al servicio médico.

Agregó que las autoridades relacionadas con un mayor número de expedientes son Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, y la Procuraduría capitalina.

En tanto, Alejandro Brito Lemus, director de la asociación civil Letra S, dijo que el Distrito Federal ocupa el primer lugar en crímenes de odio por homofobia, siendo que de 1995 al 2009 se registraron 166 homicidios de este tipo.

Esta estadística, explicó, se obtuvo tomando información de 73 medios de comunicación ubicados en 11 entidades del País.

Escuchan quejas de reos homosexuales
La Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual de la PGJDF comenzó este martes a recorrer los penales capitalinos para escuchar las inconformidades de internos homosexuales.
Clementina Rodríguez, directora Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, informó que la Unidad de la Procuraduría local arrancó sus sesiones informativas en la Penitenciaría del DF y el Reclusorio Norte.
La funcionaria indicó que durante las visitas, que se extenderán a todas las cárceles locales, los internos mostraron su inconformidad por la falta de respeto a su aspecto físico y a sus preferencias sexuales.
"Básicamente lo que pidieron es respeto y tolerancia de las autoridades penitenciarias y de sus compañeros internos.
"También se abordaron temas como la importancia de protección en el acto sexual, principalmente con las personas portadoras de VIH para la prevención de cualquier tipo de contagio, así como su atención médica", refirió Rodríguez.
La funcionaria subrayó que el objetivo de acercar la Unidad a las cárceles es recabar denuncias para generar conciencia y respeto acerca de la diversidad sexual y mejorar la convivencia.
"Debemos atacar los prejuicios y violencia en contra de los internos, respetando sus preferencias sexuales no sólo entre ellos, sino con el personal y autoridades que conviven entre sí", sostuvo.