Plan de Negocios de Pemex establece metas concretas para medir desempeño: Lozoya Austin

Notilegis/México, D.F.-
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseguró que el Plan de Negocios 2014-2018, cumple con los requerimientos de la ley y establece metas concretas para medir el desempeño de la paraestatal.

Al comparecer ante diputados de la Comisión de Energía, señaló que el programa fue analizado desde finales del año anterior y en mayo se presentó para su aprobación al Consejo de Administración, entidad que utiliza como insumos la Estrategia Nacional de Energía y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros.

Destacó que el Plan de Negocios contiene metas de desempeño, principales proyectos de inversión, diagnóstico de la situación operativa y financiera considerando el entorno de los mercados internacionales y nacionales.

“Internamente en Pemex, tenemos un análisis y tomamos como base para este análisis la confiabilidad, seguridad, rentabilidad y sustentabilidad para tomar decisiones de dónde vamos a ir, para obtener la mayor rentabilidad de nuestras inversiones”, sostuvo.

Precisó que los principales proyectos de Pemex en los siguientes cinco años se dirigen en el rubro de exploración y explotación, en enfocarse a aguas someras, áreas terrestres, aguas profundas y yacimientos no convencionales, como Chicontepec y de lutitas.

Asimismo, indicó que se pretende acelerar la construcción de los gasoductos de Los Ramones, fase uno y dos, para tener un suministro amplio y a buen precio de gas natural para la industria y familias mexicanas.

Otro objetivo, dijo, es mejorar la gestión de obras de exploración y producción con la finalidad de reducir costos de descubrimiento desarrollo y producción.

Lozoya Austin subrayó que el Plan de Negocios busca además incrementar el inventario de reservas por nuevos descubrimientos y su reclasificación de reservas posibles y probables hacia reservas probadas.

De igual manera, comentó que se buscará generar proyectos de cogeneración de energía eléctrica, a fin de reducir los costos para Pemex.

Externó que en la actualidad, Pemex consume el 6.0 por ciento de la energía eléctrica del país, por lo que se pretende transformar las plantas industriales de combustóleo a gas.

Esto permitirá, explicó, que Pemex deje de consumir electricidad y ser un productor de energía eléctrica en beneficio de las familias mexicanas.

Demandan la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño por la ejecución extrajudicial de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL

Difusión Cencos México D.F., 16 de enero de 2013

Boletin de Prensa
Cadhac

• La seguridad de la ciudadanía, derecho violentado

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) externamos nuestra preocupación frente a la serie de ejecuciones perpetradas en los días que han transcurrido en el presente año en el estado de Nuevo León. Particularmente demandamos la inmediata aplicación de la ley y reparación del daño en el caso de Adrián Javier González Villarreal, estudiante de la UANL, ejecutado extrajudicialmente por agentes policiacos del municipio de Santa Catarina, N.L. el pasado 13 de enero del año en curso.

Aunado a las ejecuciones perpetradas por la delincuencia organizada en el marco de un contexto resquebrajado por la violencia, se generan situaciones evidentemente violatorias a derechos humanos, donde quienes tienen el encargo de brindar seguridad a la ciudadanía son quienes cometen el delito, abusando de la autoridad que les ha sido conferida, como el caso de Adrián Javier. 

Es urgente replantear las estrategias de seguridad que se están aplicando en todos los niveles de gobierno. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad, bajo un marco normativo que garantiza la integridad de todas las personas. El uso desmedido de la fuerza pública y la violencia, no se justifican y deben ser sancionadas sobre todo cuando la vida de la ciudadanía se está poniendo en riesgo.

La muerte de Adrián Javier González Villarreal, de 20 años, a manos de policías del municipio de Santa Catarina, forma parte de las 59 personas que han sido ejecutadas en el presente año dentro del contexto de la lucha contra el narcotráfico donde se incluye también la muerte de Julio Abraham, niño de 11 años, asesinado con arma de fuego mientras jugaba futbol en el municipio de Juárez N.L. La actual estrategia de seguridad sigue generando víctimas y las autoridades dan pocas señales de entender que su actuar debe estar sujeto al marco jurídico vigente en materia de derechos humanos. Incluso autoridades municipales han militarizado sus cuerpos policiacos.

En este contexto CADHAC se pronuncia en contra de la violencia perpetrada en el estado y demanda la inmediata aplicación de la ley, con los agravantes a los policías responsables de la muerte de Adrián Javier González Villarreal, así como la reparación del daño. De igual manera urgimos a la revisión de la estrategia de seguridad a seguirse en la entidad, la cual sea reconstruida desde la perspectiva de derechos humanos, como lo marca la legislación internacional en la materia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

15 de enero, 2013.
Boletín de Prensa No. 1301/BP002

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Tras amenaza de paro, pagarán a policías en Izúcar de Matamoros

Los uniformados se quejaron de haber recibido el aguinaldo incompleto, sin embargo se entabló una mesa de diálogo y el edil se comprometió a cubrir el faltante.


Alma Camarillo/e-consulta
Los policías municipales de Izúcar de Matamoros fueron los únicos empleados del ayuntamiento que no pagaron el 2 por ciento del impuesto Sobre el  Producto del Trabajo, (ISPT), debido a que la comuna buscaba retirarlo del aguinaldo y ellos no aceptaron, por lo que pidieron el completo.
   Este miércoles por la mañana, los 130 elementos, representados por una comisión, hablaron con el presidente municipal Carlos Gordillo Ramírez, para solicitar los cinco días de los 45 de aguinaldo que les correspondían, pero al explicarles que el “descuento”, obedecía al pago de impuestos, amenazaron con realizar un paro laboral.
   En entrevista, el edil Carlos Gordillo Ramírez, dijo que el ayuntamiento pagó en tiempo y forma los impuestos de los trabajadores, por lo que se les tenía que retirar el dinero.
   “Para que no se vieran afectadas sus quincenas, se iba a retirar el 2 por ciento del aguinaldo, pero luego de que se llegó a un acuerdo se les reintegrará el día viernes”.
   El alcalde señaló que los elementos son los únicos trabajadores que no pagaron este impuesto, ya que el resto de los trabajadores lo cubrió conforme lo establece la ley.

PRI y PAN se pronuncian por atender observaciones del Ejecutivo sobre ley General de Víctimas

Notilegis
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el diputado Rubén Camarillo Ortega, del PAN, coincidieron, por separado, en atender las observaciones del Ejecutivo federal a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 30 de abril por el Congreso de la Unión.
   La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer miércoles que el Ejecutivo haya suspendido la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, por diferencias con su contenido.
   “Lo que se tiene que iniciar es la discusión de las observaciones que está haciendo el Ejecutivo hacia la Ley de Víctimas y resolver en consecuencia”, afirmó Beltrones Rivera.
   En entrevista, el líder de los diputados priistas precisó que este primer fallo de la SCJN no vulnera la soberanía de cada Poder. “Afortunados somos que en México el sistema político reconozca a tres Poderes y éstos estén funcionando a plenitud”, indicó.
   El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) señaló que la resolución de la SCJN debe ser analizada por las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
   “Yo no veo problema para que estas observaciones puedan ser canalizadas, hay tema, sí hay contenido y pueden ser atendibles, no le hace ningún daño al Congreso atenderlas”, destacó.
   “Las observaciones que hizo el Ejecutivo son atendibles, aquí el punto clave de discusión fueron los tiempos: si era todavía el momento o no de que el Ejecutivo tenía el derecho de hacer estas observaciones”, señaló.
   “Al final del día, todos estamos de acuerdo en que la Ley de Víctimas es estrictamente indispensable y necesaria, por tanto, es procedente procesarla en el interior de las Cámaras”, dijo.

“Ley General de Víctimas ya fue promulgada y debe publicarse de inmediato"

Difusión Cencos México D.F.-
Movimientos Sociales / OSC de DH  / Personalidades• Veto "de facto" del Ejecutivo es extemporáneo y carece de efectividad jurídica frente al plazo constitucional para la promulgación de la Ley, vencido el 19 de junio pasado.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y expertos exhortan al Estado, la inmediata publicación de la Ley. Pese a que el 1º de julio pasado el presidente de la República envió un conjunto de "observaciones" al dictamen de Ley General de Víctimas (LGV) aprobado el 30 de abril pasado, con el propósito de discutir algunos aspectos de trámite, armonización con otras legislaciones y atribuciones legislativas en torno a los derechos de las víctimas.
Dichas "observaciones" no influyen de manera alguna en el curso que siguió el plazo constitucional para que el Ejecutivo emitiera observaciones o, en su defecto, se considerara como promulgada la LGV, lo que tuvo lugar el 19 de junio pasado, como se desprende del
artículo 72 apartado B constitucional, dice con toda claridad que todo proyecto que no hubiera sido observado por el Ejecutivo 40 días después de haberlo recibido del Congreso "será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo."
Ya que el proyecto de LGV fue enviado por el Congreso a la SEGOB
mediante oficio No. D.G.P.L.61-II-1-3420 de 10 de mayo pasado, y con misma fecha de acuse de recibo, los treinta días naturales contemplados en el artículo 72 B para que el Ejecutivo enviara observaciones al dictamen se vencieron el 9 de junio, en tanto que los diez días naturales para su promulgación, el 19 de junio.
En reconocimiento del vencimiento del plazo, el 29 de junio el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, José González Morfín, envió a Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación,
el oficio No. D.G.P.L.-2P3A.-6469, con acuse de recibo de esa misma fecha a las 12:38 horas, solicitando al Ejecutivo "gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril" de 2012.
Por todo lo anterior, el día de hoy tanto el MPJD como numerosas organizaciones de la sociedad civil y expertas/os en el tema hemos elevado a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión
 un atento exhorto, cuyas conclusiones son:
1. Consideramos que, como ha reconocido el Senado, se ha cumplido ya el plazo constitucional previsto para la promulgación de la Ley General de Víctimas desde el pasado 19 de junio de 2012;
2. Las "observaciones" presentadas por el titular del Ejecutivo Federal son extemporáneas y por ello no generan efecto jurídico alguno en el curso del plazo constitucional previsto en el artículo 72 apartado B de la Carta Magna;
3. La Ley General de Víctimas debe publicarse a la brevedad posible, habida cuenta de la demora que media entre el día de hoy y la promulgación de la Ley.
Atentamente,
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, A.C. (AFADEM)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, A.C. (ADHEM)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – Capítulo México (AMARC-México)
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (ANAD)
Cauce Ciudadano, A.C.
Causa en Común, A.C.
Centro de Derechos Humanos "Fr. Francisco de Vitoria O.P.", A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco Briseño", A.C. (BARCADH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C.
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Defensoras Populares, A.C.
Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
Escuela latinoamericana de actoría social juvenil, A.C.
FUNDAR – Centro de análisis e investigación, A.C.
Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE)
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
Iniciativa Ciudadana Oaxaqueña (ICO)
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. (IJPP)
Mujeres Solidarias (MS)
NIUNOMASNIUNAMAS
Red de Especialistas en Seguridad Pública
Ririki Intervención Social, A.C.
Alejandro Anaya
Brisa Solís
Carlos Cruz Santiago
Carlos Flores
Carlos Ríos Espinosa
Clara Jusidman Rapoport
Daniel Gershenson
Eduardo Gallo y Tello
Elena Azaola
Eliana García Laguna
Geraldina González de la Vega
Guadalupe Morfín
Isabel Vericat Nuñez
Iván Pedroza
Jesús Robles Maloof
John Ackerman
José Antonio Guevara Bermúdez
José Luis Caballero Ochoa
Karlos Castilla
Lucía Melgar
María Elena Morera
Miguel Pulido
Nashieli Ramírez
Paulina Vega
Santiago Corcuera Cabezut
Sergio Ortiz Leroux
Silvano Cantú
Teresa Incháustegui

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Lamentable la decisión del Poder Ejecutivo que en el marco de sus facultades, no promovió la Ley de Víctimas pero sí intenta vetarl

Boletín de prensa

Difusión Cencos México D.F.-

MPJD

La Ley General de Víctimas (LGV) es una de las demandas centrales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD desde el primer diálogo con el Poder Ejecutivo así como el segundo; y también planteada como urgente en los diálogos con el Poder Legislativo. El desarrollo de una política pública que atienda a las víctimas dado las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico es una de las urgencias de la democracia.

Se ha dado a conocer la decisión del titular del Ejecutivo Federal al enviar tardíamente al Congreso de la Unión un conjunto de observaciones a la LGV, que en los hechos constituye un veto total a la ley.

Sorprende e indigna aún más, cuando la LGV fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los votos de los legisladores del PAN.

El Poder Ejecutivo Federal estuvo gravemente ausente en este debate, adicionalmente no ejerció sus facultades para proponer ley alguna en beneficio de las víctimas que permitiera  desarrollar una política de Estado a su favor, y sin embargo ahora intenta ejercer tardíamente la facultad de observar.

El veto a la LGV es un reflejo más de la negación a reconocer la emergencia nacional que vive México, con los dramáticos costos humanos, sociales y de toda índole causados por la fracasada estrategia de seguridad instrumentada por la actual administración.

Anexo: Documentos relativos al proceso de la Ley General de Víctimas

El procedimiento legislativo fue el siguiente:

El 30 de abril de 2012, la Minuta de la LGV fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Cámara de Diputados, en los términos en que la envió el Senado de la República. 

El 10 de mayo de 2012, a través del oficio No. D.G.P.L. 61-II-1-3420, dirigido al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y firmado por el senador Renán Cleominio Zoreda Novela y la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, ambos secretarios de las mesas directivas de las respectivas cámaras, se remitió el decreto de la Ley General de Víctimas al Ejecutivo Federal.  La recepción quedó registrada a las 12: 11 p.m (Documento 1).

A partir de este hecho, el Ejecutivo contaba con:

• 30 días naturales para observar la ley, los que se cumplieron el 9 de junio de 2012.
• En caso de no observarla, 10 días naturales para promulgar y publicar la ley, que se cumplieron el 19 de junio de 2012.
• Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto se considera promulgado y el Presidente de la Cámara de origen, ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación, los que se cumplieron el 29 de junio, por lo que el presidente de la Cámara de Senadores, José González Morfín, a través del Oficio No. DGPL.-2P3A.-6469 solicitó al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, que girara "sus instrucciones… a fin de que se publique en el diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril" del 2012 (Documento 2).

Como el Presidente Felipe Calderón no quiso vetar la ley en el marco del proceso electoral, se observo un procedimiento fuera del marco legal, donde el Decreto de la LGV fue "secuestrada" 20 días, en una acción fuera del marco jurídico entre el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Diputado del PAN Oscar Martín Arce Paniagua y la Secretaría de Gobernación (Ver documentos 3, 4, 5 y 6).

Por lo anterior el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD:

-  Considera a este veto como una burla al dolor y a las demandas de las víctimas.

-  Acompaña la solicitud formulada por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado el 29 de junio, y por lo tanto, lo único que procede es que el Ejecutivo Federal publique ya la Ley General de Víctimas en el Diario Oficial de la Federación, pues de no hacerlo estará en una flagrante violación constitucional.

- Considera que las observaciones del Presidente Calderón están fuera del plazo establecido en el artículo 72 apartado B  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece otros medios para que, en su caso, el titular del Ejecutivo Federal busque la modificación o contravenir a una ley.

- No nos oponemos a que se mejoren las leyes, pero se debe de hacer en el marco y con los  instrumentos de la ley y en los tiempos marcados.

- Reiteramos nuestra voluntad de diálogo de construcción de la paz y de una política pública de Estado a favor de las víctimas en el marco de un Estado Democrático de Derecho y nuestra disposición de trabajar en cualquier mecanismo con ese fin.  

Reforma a la Ley de Extinción de Dominio permitirá atacar el poder económico de la delincuencia organizada: Acosta Naranjo

Partidos tendrán que acatar ley de equidad de género, afirma

Notilegis/México, D.F.-

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la aprobación de la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, permitirá atacar el poder económico de la delincuencia organizada, ya que sólo con la captura de los cabecillas no se resuelve el problema de fondo.

   “En muchas ocasiones más tarda en caer un cabecilla que en lo que ya está otro, porque se mantiene intacto el poder económico, necesitamos medidas como esta para combatir la fuerza de la delincuencia organizada. Me congratulo que hayamos podido aprobar esta ley”, dijo.

   Entrevistado al finalizar la sesión ordinaria, el diputado presidente señaló que la reforma no violenta los derechos humanos de las personas, por el contrario, aseguró, da instrumentos al Estado mexicano para combatir de fondo la gran fuerza económica que tiene la delincuencia organizada.

   El legislador señaló que en la sesión de mañana se tienen agentado alrededor de 20 dictámenes, por lo que habrá que acelerar los trabajos para desahogar el mayor número de asuntos pendientes.

   Una opción que se analiza, dijo, es dedicar sesiones exclusivas para dictámenes, y dejar los temas de agenda para otra sesión.

   “En ocasiones se trata primero la agenda y se quedan al final los dictámenes y estamos en dificultades para aprobarlos”, indicó.

   Por otro lado, Acosta Naranjo, señaló que el llamado del Instituto Federal Electoral a los partidos políticos para que integren sus listas de candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores, con respeto el acuerdo de equidad de género es positivo e ineludible, por lo que espera que a la brevedad pueda acatarse.

   “No es un asunto de opción, es de ley, tendrán todos los partido que cubrir la cuota de género, así lo estipula la ley, estoy convencido que el IFE hará valer el acuerdo legal y todos los partidos tendrán la obligación de registrar el porcentaje que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, dijo.

   Finalmente en el tema de espionaje telefónico, el presidente de la Mesa Directiva señaló que de nada sirve presentar denuncias si no se investiga y se castiga a los responsables.

   “La mejor manera de terminar con el espionaje es encontrar a los responsables y se castiguen”, subrayó.

Aprueba Cámara de Diputados dictamen de la Ley contra la Trata de Personas en lo particular

Notilegis.-
Con 320 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó los artículos reservados de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
   El presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo anunció la aprobación del dictamen que abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
   El documento fue enviado al Senado para su discusión, análisis y en su caso aprobación, para luego ser remitido al Ejecutivo Federal, quien deberá publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
   Por propuesta de la diputada Teresa Inchaustegui Romero (PRD), será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días de multa al que se beneficie de cualquier modo,. de obligar a una persona para que realice, participe, tolere o soporte actos sexuales.
   La diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD), presentó la modificación de ocho artículos, los cuales fueron avalados por esta Soberanía. Entre las reformas destaca que “quien enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoge o entregue para sí o para un tercero a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días de multa”.
   El dictamen establece que se entenderá por explotación: los abusos laborales, trabajos o servicios forzados, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, matrimonios forzados o serviles, esclavitud o prácticas afines o similares a la esclavitud, servidumbre, adopciones ilegales, corrupción de personas menores de 18 años, turismo sexual infantil, pornografía infantil, explotación de la mendicidad ajena y alquiler de personas con el mismo fin, venta de persona o tráfico de órganos, tejidos o sus componentes.
   En los casos en que la víctima, ofendido o testigo, declare en contra de grupos de la delincuencia organizada, el Ministerio Público y Poder Judicial adoptarán un conjunto de medidas de carácter excepcional para resguardar su vida, libertad, integridad, seguridad e identidad.
   La Ley de trata de personas impone penas de hasta 40 años de prisión a quienes realicen actos de explotación o abuso sexual en contra de menores de 18 años y crea un fondo para la atención de víctimas.
   El dictamen establece que el padre, madre, tutor o persona con autoridad que entregue de forma ilegal, ilícita, irregular o mediante adopción a una persona menor de 18 años para que sea abusada o explotada sexualmente se le impondrá una pena de 20 a 40 años de cárcel y de 2 mil a 20 mil días de multa.

En Xoloco Teziutlán Hombre Encontró la Muerte Platicando

“Se encontraba charlando con una amiga cuando resbaló”

por HILARIÓN ARRIOLA BERNAVE/Cinco Radio
Una persona del sexo masculino que se encontraba disfrutando alegremente de la tarde platicando con una amiga, al ir caminando sobre la banqueta dio un paso en falso fuera de esta cayendo de cabeza de una altura de un metro con 80 centímetros, provocándose un fatal traumatismo craneoencefálico que lo llevo a la muerte.
   La infortunada víctima respondía al nombre de José Manuel Jaime Gutiérrez de 23 años de edad con domicilio en el mismo Barrio de Xoloco.
   Al lugar de los hechos se presentó el Agente del Ministerio Publico Lic. Trinidad Carmona para realizar el levantamiento del cadáver para ser trasladado al SEMEFO de Teziutlán y realizarle la necropsia de ley.

Aprueban en comisión la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones

• Incorpora la figura de “juez ejecutor de sentencias”

Boletín/México,D.F.-

La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones para establecer un nuevo diseño de sistema penitenciario, que plantea el respeto irrestricto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles y aplica el principio constitucional de presunción de inocencia.

   El presidente de este órgano legislativo, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que con este nuevo ordenamiento se establece un sistema de clasificación de internos, para distinguir entre procesados y sentenciados.

   Abundó que actualmente existen 223 mil internos en todo el país, “el 60 por ciento son procesados y el 40 son sentenciados. Hay un enorme problema de corrupción que debemos atender; primero, con penales adecuados, porque hay sobrepoblación, entonces cualquier programa a implementar será un fracaso”.

   Agregó que se ha detectado que en cada uno de los 429 penales del país se deben poner antenas inhibitorias para llamadas de teléfonos celulares; “solamente hay 17 en el país, y se ha descubierto que de las seis mil llamadas diarias por extorsión telefónica, el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios”.

   “Sabemos que a pesar de que no están permitidos los celulares en los reclusorios existe una enorme corrupción dentro de ellos; entonces, esta nueva ley viene a terminar con este fenómeno, viene a establecer un sistema de clasificación de internos y crea una figura importante, como es la del juez ejecutor de sentencias”, aseveró.

   El legislador detalló que al tener una sola autoridad como es el juez ejecutor de sentencias, éste verá la duración de la pena y dará los trámites correspondientes a los reclusos.

   Benítez Treviño afirmó que en la nueva ley se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector.

   También, continuó, se propone existan penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada, “hoy todos están revueltos, por eso está colapsando el sistema”.

   Señaló que anteriormente “presenté un punto de acuerdo exigiéndole al Gobierno Federal que estableciera un centro de alta peligrosidad en las Islas Marías; allá hay capacidad para seis mil internos y actualmente se tiene cinco mil 400; es viable”.

   El legislador añadió que este nuevo ordenamiento “reglamentario del artículo 18 Constitucional tienen cuatro ejes rectores de la reinserción social: la educación, el trabajo, la salud y el deporte; en él se establecen derechos pero también delimitaciones para los procesados y los sentenciados”.

Aprobará el Pleno dictamen de la Ley General contra la Trata de Personas para proteger a 20 mil menores que son víctimas: Rosi Orozco

Notilegis.-
Esta semana se presentará ante el Pleno la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionados, con la que se podrá proteger a cerca de 20 mil niños y niñas que son explotados sexualmente, al castigar con penas más severas a toda la cadena involucrada en estos delitos.
   Así lo afirmó, la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco, quien mencionó que el dictamen será presentado durante la sesión ordinaria, y se prevé que se dispensen trámites, a fin de que sea aprobado ese mismo día, “ya que cuenta con el consenso necesario una vez que ya fue votado a favor en las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos”.
   “Tenemos diagnósticos muy preocupantes, como hablar de 16 a 20 mil niños explotados sexualmente, o de ser el segundo país que tiene más páginas de Internet de pornografía infantil, y esto revela la impunidad que hay, por lo que es urgente que aprobemos esta ley “, apuntó.
   En entrevista, la diputada explicó que esta Ley tipifica delitos como la esclavitud, la explotación, la corrupción de menores, pornografía infantil y el encubrimiento. Asimismo, subrayó que la norma obligará al resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de trata de personas.
   Uno de los principales objetivos –dijo- es que las entidades federativas cuenten con leyes en la materia para abatir los ilícitos de explotación sexual, turismo sexual, tráfico de órganos y esclavitud laboral.
   “El objetivo de la ley es que México esté acorde con tratados internacionales y que sea un ejemplo en la erradicación de la esclavitud y trata de personas, y que lo que está plasmado en el artículo primero de la Constitución sea una realidad.”
   Señaló que datos de la Unicef y del DIF revelan que en 2000 se registraron hasta 20 mil menores de edad explotados sexualmente, por lo que se requiere evitar que existan elementos subjetivos, difíciles de probar y acreditar, en la detención de bandas delictivas dedicadas a la explotación sexual y laboral, sobre todo de mujeres y menores de edad.
   Detalló que el dictamen es una ley general que permitirá evitar la impunidad no sólo contra las bandas de traficantes y tratantes de personas, sino también a quienes faciliten la realización de estos delitos como empresas y medios de comunicación que realizan publicidad que promueve la explotación sexual, explicó.
   “Ahora se castigará con penas más duras cuando las víctimas sean menores de edad, y cuando las autoridades cometan o conozcan del delito y no hagan nada al respecto”, expresó.
   Abundó que la prevé el resarcimiento y reparación del daño, la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, así como la creación de un fondo para su atención, y un programa de protección a las víctimas y testigos.
   En ese sentido, la diputada confió en que sea en esta semana cuando el dictamen quede avalado por los diputados y enviado al Senado para su ratificación.

Cinco retos ante la publicación del Reglamento de Ley de Refugio y Protección Complementaria

Difusión Cencos México D.F., 22 de febrero de 2012

Boletín de prensa
Sin Fronteras

• Publicación del Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria: primer paso para hacer efectivos los derechos humanos de personas solicitantes de asilo y protección complementaria.
• Aún hacen falta políticas públicas claras e incluyentes que ayuden a la integración total de esta población a nuestro país.

El día de ayer se publicó el Reglamento de la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria, Sin Fronteras reconoce el importante avance que representa la emisión de este documento en materia de normatividad migratoria en nuestro país y se congratula del trabajo e impulso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) y de las instancias públicas involucradas en su realización.

Si bien la publicación de este documento  representa un paso firme para hacer efectivos los derechos humanos de esta población, Sin Fronteras insiste en que aún hay retos importantes que no quedaron cubiertos en este nuevo marco jurídico y que son necesarios para que cumpla con los más altos estándares internacionales de derechos humanos hacía la población objetivo de la ley. Entre ellos los siguientes:

1. No existe un mecanismo efectivo para llevar a cabo detecciones de personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección complementaria.
2. La detención de personas solicitantes de asilo como excepción y no como regla, incluyendo la necesidad de considerar más  alternativas a la detención.
3. La creación de políticas públicas y presupuesto suficiente para acompañar un proceso de  integración efectivo.
4. La existencia de un recurso efectivo frente a una resolución que niegue el reconocimiento de la condición de refugiado.
5. Crear mecanismos institucionales y públicos de participación de sociedad civil y de la propia población solicitante de asilo y refugiada.

A los cuales hay que dar seguimiento para que estos avances se vean reflejados en la vida de las personas solicitantes de asilo y Protección Complementaria.

Recientemente publicamos un estudio sobre Integración Sociocultural de Extranjeros en México, en donde algunos testimonios dan cuenta de avances positivos en la integración de personas refugiadas en México, tal es el caso de Laura, refugiada colombiana que sintió una  acogida cálida de sus vecinos y hasta recibió ofertas de trabajo por parte de la maestra de uno de sus hijos "A mi muchos mexicanos me han dado bienvenida, qué bueno, que bienvenida a México", hasta llegó una maestra a buscar y nos dijo ¿ustedes quieren trabajar?".

También se hallan testimonios de discriminación fuertes, como el caso de Carlos refugiado guatemalteco, "A mí me lo han dicho, que qué hacemos nosotros en México, váyanse a su pueblo, váyanse a su país, no vengan a quitarle la comida a los mexicanos, no les quiten la comida. Había un señor, ahí me andaba siguiendo a donde quiera y siempre era de insultarme, vete a tu país".

Sin Fronteras manifiesta que las personas refugiadas que llegan a nuestro país aún enfrentan grandes desafíos y retos en sus procesos de integración, principalmente los que tienen que ver con la discriminación, por lo que seguiremos trabajando e impulsando las reformas necesarias a la nueva Ley sobre Refugio y Protección Complementaria.

FIN

México DF, 21 de Febrero de 2012

Aprueba Comisión de Justicia dictamen que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes

Notilegis/México, D.F.-
La Comisión de Justicia, que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y se reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Federal de Defensoría Pública.
   El diputado Benítez Treviño indicó que la ley establece que el proceso para adolescentes que cometen delitos debe ser sujetos a una legislación especial, jueces especializados, agentes de ministerio públicos especializados, defensores públicos especializados, instalaciones especializadas para los menores que están mezclados con los adultos.
   Además, señala que los adolescentes deben estar separados de los presos adultos, lo que no ocurre en muchos de los penales del país, por ello se precisa la existencia de establecimientos especializados, las separación de las mujeres de los hombres, así como separar a los reos que están en proceso penal de los que ya tiene sentencia condenatoria, esto en relación al principio de presunción de inocencia.
   “Los jóvenes que cometen delitos y entran a un centro penitenciario por robar una bicicleta y salen convertidos en lideres de bandas de la delincuencia. No estamos privilegiando a los delincuentes menores, estamos ubicándolos en el contexto”, señaló.
   Comentó que no se está dando un trato especial a los menores de edad que cometen un delito, ya que va de acuerdo a los ordenamientos nacionales que protegen al niño y recoge de manera integral todas las disposiciones internacionales de la niñez.

Reformas a la Ley General de Educación permitirán prevenir actos de acoso y violencia infantil: Padilla López

Notilegis/México, D.F.-
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, José Trinidad Padilla López, del grupo parlamentario del PRI, señaló que las reformas que se han realizado al interior de ese órgano contra la discriminación y combate al bullying, mejorarán la cultura cívica para detectar casos específicos de violencia infantil y mejorar las políticas públicas.
   “Desde hace varias semanas hemos aprobado modificaciones al marco normativo de la Ley General de Educación, que permitan a las autoridades educativas en todo el país, tanto federales como estatales, tomar medidas de prevención del acoso y violencia infantil, mediante programas de asesoría psicológica para los menores”, dijo.
   En entrevista, luego de declararse en sesión permanente la Comisión legislativa, Trinidad López, indicó que las autoridades educativas deberán conocer las causas de la violencia, diagnosticar casos concretos de acoso y solucionarlos.
   El diputado federal aseguró que erradicar el fenómeno del bullyng no es sencillo, ya que refleja un problema mayor de descomposición del tejido social.
   “Un niño agresivo nos habla de menores que crecen con ambientes donde el código es que sólo a través de la violencia puede prevalecer o es su manera de interactuar con el mundo, ese tipo de códigos los llevan a la escuela y es ahí donde se manifiestan, por lo que debemos jalar la hebra y analizar cuáles son los problemas en expresiones particulares”, indicó.
   Padilla López enfatizó que los sistemas federal, y estatal deben promover una cultura de la paz, de la no discriminación, donde además es fundamental el apoyo de los padres de familia.

Dictamen de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas el próximo jueves: Rosi Orozco

Notilegis/Mexico, D.F.-
La presidenta de la Comisión Especial para la lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), expresó su confianza en que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, sea aprobada por el Pleno en la sesión del próximo jueves.
    “El día jueves es cuando este tema va a pasar. Ese dictamen ya está terminado y ahora estamos en espera de que pueda subir. Todas las bancadas están apoyando, es un tema que ha sensibilizado, además agradecemos de verdad la solidaridad de parte de todos”, indicó.
    La diputada señaló que a pesar de los “inconvenientes” para erradicar este delito que ocupa el segundo lugar en el negocio del crimen organizado y que deja ganancias por 42 mil millones de dólares, se seguirá combatiendo con la ayuda de las autoridades, víctimas y con la aprobación de la ley.
    “Hay intereses en contra de que se apruebe el dictamen y por supuesto que no vamos a permitir que éstos prosperen, nunca nos van a detener, cuando conocemos el dolor de quienes han sufrido este agravio hacia la dignidad de la persona, no podemos nunca detenernos”, comentó.

Amenaza Quintero a miembros de CIPESA: "Les voy a echar tdo el peso de la ley"

* Aseguran los transportistas que quien debiera cumplir y hacer cumplir la ley no sólo deja de cumplirla, como le fue ordenado por los jueces que les dieron la razón, sino que hoy los amenaza para fortalecer un convenio ilegal

Boletín/México, D. F.-

Pese a contar con los elementos jurídicos que los amparan contra los actos de la autoridad, los concesionarios de la empresa Circuito Periférico (CIPESA) que luchan por obtener los beneficios a que tienen derecho para circular en el Corredor Vial Toreo – Canal de Garay, fueron amenazados este miércoles por el Secretario de Transportes y Vialidad, Armando Quintero, quien les dijo que si salen a trabajar como lo anunciaron el lunes, les va a echar todo el peso de la ley.

   La amenaza fue expresada durante una reunión sostenida por Quintero con al menos 20 representantes de la organización Nuevo Milenio a la que los transportistas fueron invitados por el dirigente Nicolás Vázquez, en la que también se encontraban el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa y los funcionarios del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Ernesto Gutiérrez Garcés, Alejandro de Santiago Palomares y José Luis Valle.

   Paradójico resulta, expresó Mario Alberto Martínez Valencia, presidente del Consejo de Administración de CIPESA, que quien debiera cumplir y hacer cumplir la ley no sólo deja de cumplirla, como le fue ordenado por los jueces que nos dieron la razón, sino que hoy nos amenaza para fortalecer un convenio ilegal.

   “De amigos se los digo: no salgan porque les voy a echar todo el peso de la ley”, les amenazó Quintero delante de todos los presentes. “Yo veo cómo, pero les meto sus unidades al corralón”, sentenció.

   Todavía más, cuando Martínez Valencia le dijo de manera simbólica que tenían 1 año y 9 meses sin comer, Armando Quintero y Martín Mejía se rieron, soltando éste último: “No mames, si eso fuera cierto ya te habrías muerto”.

   Los transportistas aprovecharon la invitación realizada por Nicolás Vázquez con el fin de obtener de manera inmediata la cita para demostrar a quienes detentan la autoridad, que como se los pidieron son “fehacientemente” concesionarios con sus derechos vigentes.

   Sin embargo, fue notoria la actitud de Armando Quintero en contra suya, porque mientras al resto de las rutas que acudieron les dio cita para la siguiente semana con el fin de atender sus problemas, a ellos de forma agresiva les dijo antes de la amenaza que “ya los mandaremos a llamar”, sin dar ninguna certeza de la fecha.

   “Con esta actitud quedó claro que al pedirnos le demostremos que somos concesionarios, sólo fue para intentar salvar un ordenamiento del juez, pero en el fondo no lo quiere cumplir e incurre en varios delitos como servidor público al negarse a reconocernos, entregarnos nuestra concesión y los bonos de chatarrización”, expresó Martínez Valencia.

SNSP serán pocas alcaldías a las que se les cancele el subsemun

Reforma Móvil

Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), consideró que serán pocas alcaldías a las que se les cancele el apoyo federal anticrimen luego que éste fue suspendido a más de 150 municipios.

   Confió que los ayuntamientos sancionados presentarán en tiempo y forma la documentación que acredite sus avances en las obligaciones que marca la Ley General del SNSP y sus reglas de operación del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).

   "No va a ser alto el número de municipios que pierdan el recurso", aseguró el funcionario en conferencia conjunta con la Alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez.

   Recordó que los municipios tienen 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la suspensión del recurso, para que presenten la documentación necesaria y expresen lo que a su derecho convenga.

   Reveló que 16 de los municipios incumplidos ya presentaron una respuesta oficial.

   Adicionalmente, estimó que alrededor de ocho localidades declinarían la recepción del subsidio para no incurrir en responsabilidades administrativas por el incumplimiento de requisitos y obligaciones.

   Alcántara aclaró que de los 172 municipios a los que no se les suministró la segunda partida presupuestal del año, a 162 fue por la falta de obligaciones, 8 solicitaron una prórroga, uno está en proceso de dictamen y uno más (Sahuayo, Michoacán) declinó el apoyo.

   Mencionó que del universo de 162 beneficiarios suspendidos, 140 incumplieron con la implementación del llamado Sistema Integral de Desarrollo Policial, que incluye tres aspectos básicos: esquema de jerarquización terciaria, homologación salarial e implementación del servicio profesional de carrera policial.

   El resto, 22 alcaldías, no cumplió con alguno de estos elementos.

PGR ante nuevas drogas sintéticas pretende catalogar otros tres estupefacientes

Reforma Móvil

El surgimiento de nuevas sustancias, entre ellas la mariguana sintética, ha disparado las alertas de la PGR, que ya prepara una propuesta para catalogar como estupefacientes tres nuevos compuestos químicos, informó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Jorge Alberto Lara Rivera.

   Las sustancias que se añadirían a la lista que contempla la Ley General de Salud como estupefacientes, explicó, son la mariguana sintética (cannabinoide), la piperacina y la mefedrona.

   "Estamos tratando de determinar ya (los efectos nocivos que producen), y próximamente estaremos haciendo una propuesta legislativa para proscribir estas sustancias que no tenemos aún detectadas en patrones importantes en nuestro País, pero queremos tener la previsión del caso", indicó.

   En el caso de la piperacina y la mefedrona, explicó, están siendo utilizadas en la fabricación de metanfetaminas; la primera de ellas, tiene un uso veterinario. En tanto que la segunda es un químico que se ha utilizado para uso recreativo.

   Lara Rivera aseguró que estas sustancias son temas de preocupación tanto en Estados Unidos como en la ONU, debido a que hasta el momento se desconocen con certeza los efectos negativos que pueden producir en los consumidores.

   "A lo que nos estamos enfrentando es a toda una nueva aplicación de sustancias que anteriormente no representaban ningún riesgo, un poco lo que pasó con la efedrina en los últimos años.

   "Ahora las naciones estamos obligadas a ver todo el espectro de sustancias porque gracias a los procesos químicos de descomposición y de recomposición es que están ahora pudiendo ser diversificados para estos usos", indicó.

   En México aún no se ha detectado la presencia de alguna de estas tres sustancias; sin embargo, debido a la globalidad con la que actúa el crimen organizado, es de esperarse que esto ocurra en cualquier momento, aseguró Lara Rivera.

Improcedente discusión del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional

Cencos/México D.F.-

Aprobación de minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, viciada de forma y fondo
Improcedente, la discusión del dictamen; reiteramos rechazo a una reforma lesiva de los derechos humanos
Ante el rechazo externado por las organizaciones de derechos humanos frente a la aprobación en lo general de un dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, exigimos que se reponga el procedimiento legislativo, toda vez que al omitir la firma de las también comisiones dictaminadoras (Defensa Nacional y Derechos Humanos) dicha Comisión parlamentaria violó el artículo 174 del reglamento interior de la Cámara de Diputados, de la cual se desprende que esta minuta debió ser puesta a discusión y en su caso ser votada en Comisiones Unidas, por lo que es improcedente la discusión del dictamen.
   Estos errores, que vuelven a evidenciar que el procedimiento es irregular de forma y fondo, también ejemplifica la urgencia de los representantes de los partidos políticos, en particular del PRI y el PAN, de aprobar al vapor dictámenes que saben que han sido rechazadas por una mayoría de sectores académicos, especialistas y organizaciones de derechos humanos que participamos en las audiencias públicas y el foro de consulta sobre esta ley.
   Estos vicios procedimentales son la oportunidad para los senadores y diputados de desistirse en su propósito de continuar con la aprobación de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ha sido reprobada por organismos internacionales como la ONU por ser lesiva de los derechos humanos, así como por numerosos sectores sociales debido a que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares, a la vez que se ha plasmado en un texto que desconoce las aportaciones de la sociedad civil, y que no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana en su dictaminación.
   Por lo anterior, el dictamen presentado el pasado 2 de agosto es improcedente, por lo que solicitamos se replanteen los términos del debate sobre seguridad como se insistió en las audiencias convocadas por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a las que asistimos los firmantes, así como tomar en cuenta nuestras preocupaciones sobre las relaciones cívico – militares a la luz del nuevo bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, recién aprobado por los mismos legisladores que hoy buscan aprobar una “ley de la guerra contra delincuencia organizada”.
   Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos el rechazo a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional debe dictaminarse en sentido negativo. Demandamos de las Fuerzas Armadas y las y los legisladores involucrados en la dictaminación de esta ley una actitud de apertura hacia la construcción de un modelo de seguridad que responda a los más altos estándares en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, como hemos insistido en numerosos foros y textos.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro Prodh)
Clara Jusidman
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
INCIDE Social, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Litiga Ole
Mariclaire Acosta Urquidi
Miguel Concha Malo
Monitor Civil de la Montaña de Tlapa (MOCIPOL)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

Conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Juez de Ejecución garante de los derechos de sentenciados

Boletín/Puebla, Pue.-
El Juez de Ejecución de Sanciones Penales es un órgano judicial especializado con funciones de vigilancia decisoria y consultivas, encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, de acuerdo al principio de legalidad y de control de la actividad penitenciaria, garantiza los derechos de los internos y corrige los abusos y desviaciones que en su momento puedan producirse por parte de la administración penitenciaria, señaló la abogada Rosalva Elena Zárate Herrera, Juez de Ejecución de Sanciones Penales.
   La abogada indicó que entre sus funciones está el velar por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencias en firme; también garantiza el cumplimiento de las normas constitucionales, tratados internacionales y los Derechos de aquéllas personas que se encuentran bajo la jurisdicción penitenciaria; y también, velar por las situaciones que afecten los derechos y libertades fundamentales de presos y condenados.
   La abogada Zárate Herrera, señaló que actualmente todos los presos tienen beneficios,  hayan cometido o no delitos graves.
   Por lo que respecta al tema de la libertad preparatoria, la Jueza indicó que se da cuando una persona ha sido condenada por un delito doloso y en ese caso tendrá que cumplir el 70 por ciento de la pena; y por un delito culposo será del 50 por ciento, pero además deberá cumplir otros requisitos como buena conducta durante el tiempo que estuvo interno, que sea primo delincuente, que haya pagado la reparación del daño y que cursó un tratamiento preliberacional.
   Por lo que hace la remisión parcial de la pena, consiste en pagar dos días de trabajo por uno de prisión, en estos casos también debe tener buena conducta y que también se sujete a estudios, mismos que revelen que es un persona capaz de ser reinsertada socialmente.
   Todas aquellas  personas que tienen varios procesos no es posible otorgarles la libertad preparatoria, sólo pueden optar por una remisión parcial de la pena.
   La Licenciada Rosalva Elena Zarate, consideró que es conveniente aclararlo porque la mayoría piensa que con este cambio de ley todos pueden obtener beneficios y solamente son aquellos que cumplen los requisitos que manda la ley.
   Por lo que respecta a los asuntos recibidos en el Juzgado de Ejecución de Sentencias, informó que se tiene un promedio de tres expedientes diarios, sobresalen las personas que están internas en el Centro de reclusión de San Miguel, que acuden a pedir los requisitos para beneficios de libertad anticipada.
   Finalmente la Juez de Ejecución Rosalva Elena Zarate, señaló que las personas que están libres bajo fianza, tienen derecho a estos nuevos beneficios que establece la ley, y cuentan con un término para que puedan acogerse a lo que indica la legislación. En el caso conmutación de la pena, la ley da un plazo de 15 días para que paguen la multa.